El polémico método para vigilar a inmigrantes que ICE mantiene en secreto

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El Proyecto sobre Supervisión del Gobierno de los Estados Unidos, el cual monitorea las acciones de las agencias gubernamentales ha acusado a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de no entregar los registros vinculados a de métodos de recolección y vigilancia de datos, incluido el reconocimiento facial.

Esa oficina especial dijo que de 2018 a 2019 ha solicitado en ocho ocasiones los documentos solicitados sobre las capacidades de vigilancia de ‘La Migra’, los métodos de detención y las posibles violaciones de los derechos civiles bajo la Ley de Libertad de Información de 2018 a 2019, pero no ha recibido respuesta positiva.

Así lo revela un reporte de The Washington Post, que agrega que la ley exige que las agencias federales decidan si cumplen con una solicitud de información y y notifican a la parte que solicitó dentro de los 20 días, aunque en algunos casos se otorgan extensiones de 10 días.

“Es probable que la información que se divulgue contribuya a una mayor comprensión pública de las actividades del gobierno, ya que se relaciona con capacidades tecnológicas poderosas y problemáticas que la Policía federal podría estar considerando aprovechar”, dijo el grupo en una queja, que fue presentada ante el Tribunal de Distrito en Washington, DC “Esta tecnología estaría dirigida externamente hacia el público y el público tiene un gran interés en saber si el gobierno está tomando medidas para utilizar esta tecnología”.

El diario indica que el uso del software de reconocimiento facial se ha convertido en una práctica común, incluso si las personas desconocen que son vigiladas.

“Las autoridades lo aprovechan para escanear cientos de millones de fotos de estadounidenses, a menudo recurriendo a las bases de datos de licencias de conducir estatales“, advierte el reporte. “Se implementa para desbloquear teléfonos celulares, monitorear lugares públicos abarrotados y proteger las entradas a escuelas, lugares de trabajo y complejos de viviendas”.

Este polémico sistema, sin embargo, amenaza la privacidad e impulsa las búsquedas “ilegales” contra cualquier persona.