Administración Trump ha “deportado” a 60,000 inmigrantes por acuerdo con México

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Con la promesa de que sus casos serán atendidos por un juez en los Estados Unidos, más de 60,000 inmigrantes que solicitan asilo han sido enviados a México bajo un polémicos acuerdo que activistas y defensores califican como una nueva forma de deportación, debido a que esos extranjeros, la mayoría centroamericanos, no tienen fechas de audiencias.

A esa problemática se agrega a que los extranjeros enviados a México se les libera en la frontera y, entonces, bajo el programa “Permanecer en México”, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá otorgarles lo que llama visas humanitarias y ofrecerles trabajo.

Un programa similar es aplicado para mexicanos que ingresa a los EEUU, pero son enviados a Guatemala, lo que ha desatado críticas, pero no una postura oficial del Gobierno mexicano

Solamente unos pocos solicitantes han obtenido asilo, de acuerdo con datos de la Universidad de Syracuse (el 0.1 % hasta septiembre de 2019), y la mayoría de ellos enfrentan apelaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través del Departamento de Justicia.

La abogada Margaret Cargioli, del Centro Legal de Defensores de los Migrantes, dijo que el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también llamado “Permanecer en México”, es un cúmulo de “obstáculos legales y logísticos para obstaculizar el asilo a personas de ciertos países”.

Legalmente, la Administración del presidente Donald Trump comenzó por eliminar como meritorias de asilo las razones por las que la mayoría de los migrantes han llegado a la frontera a solicitar protección.

Cargioli explicó que la Administración primero “canceló como motivos para (obtener) asilo ser víctimas de abuso doméstico y de violencia de pandillas, hasta llegar a exigir que los migrantes debieran pedir asilo en algún país por el que pasaron para llegar a la frontera estadounidense antes de solicitarlo a Estados Unidos.

Poco más de 1% de todos los migrantes de MPP cuentan con representación de abogados, de acuerdo con la Universidad de Syracuse.

Según esa institución educativa, para septiembre pasado las cortes habían aceptado menos del 25% de lo casos de solicitud de asilo, y de esas peticiones revisadas poco más del 50% fueron negadas, 47% anuladas y una cantidad mínima continuaba en audiencias.

Pero las cortes son rebasadas constantemente, por lo que cuando conceden audiencias de continuación se calendarizan a meses de distancia, de acuerdo con Cargioli.

La abogada Nicole Ramos, quien trabaja con migrantes en ambos lados de la frontera, dijo a Efe que la enorme disparidad entre las escasas peticiones aceptadas y la cantidad rechazada o todavía sin revisar se debe a una serie de limitaciones que hacen casi imposible que los solicitantes de asilo puedan ser admitidos.

Además, la mayoría de los migrantes carecen de abogado, y no todos los abogados se atreven a cruzar la frontera para ver a sus clientes. “Al estar los migrantes en México, es muy difícil que puedan conseguir de sus lugares de origen las evidencias que necesitan para fortalecer sus casos”, dijo Ramos.

“Cuando pueden conseguir desde la frontera mexicana pruebas en sus países, los migrantes se encuentran además con que también es muy difícil que las reciban en México sin contar con apartados postales o servicios confiables” para recibir documentos que pueden tardar entre semanas y meses en llegar, explicó.

Luego, los pocos que logran obtener las pruebas que se les exigen las cortes “tienen que conseguir traducciones certificadas, y sacar múltiples copias” para entregarse en audiencias de inmigración.

“Pareciera que no es un grave problema, pero al estar en México hay un acceso muy limitado a impresoras, copiadoras, traducciones profesionales y servicios de certificación, a mensajería”, indicó Ramos.

Luego al acudir a audiencias, muchas veces las pruebas que con sacrificios fueron conseguidas requieren agregados o ajustes “porque provienen de situaciones de las que huyen las personas, y que a menudo son circunstancias resultado de políticas de nuestro Gobierno” estadunidense, añadió.

“Se espera que los migrantes, solos sin abogados, que no hablan inglés, se enfrenten a una maquinaria adversa” en ambos lados de la frontera, expuso.

Esto, aparte de que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que corresponde al DHS, en ocasiones entrega a los migrantes citas de corte ficticias, por ejemplo en las madrugadas o en domingos o días festivos, que hacen que los solicitantes pierdan audiencias.

Pero, además, Ramos recordó que los jueces de migración “no son independientes”. Los jueces que tienen que decidir los casos de los solicitantes de asilo “son empleados del Departamento de Justicia, que toman sus directivas de ese departamento”.

La presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Migración (NAIJ), Ashley Tabbador, confirmó que los jueces necesitan urgentemente un margen de independencia para lidiar con la creciente presión del programa MPP en las cortes.

Dijo que los jueces son parte del Departamento de Justicia, “pero todo el programa MPP lo dirige el Departamento de Seguridad Nacional, que dice al de Justicia lo que hay que hacer”.

En otras palabras, los jueces de migración necesitan distanciarse de ambos departamentos para tener resoluciones imparciales para los migrantes de MPP, de acuerdo con la presidenta de la NAIJ, que representa a 440 jueces del país.

Que el Departamento de Justicia ceda ante el de Seguridad Nacional en MPP “prioriza sanciones a la migración y obliga a las cortes de migración a decidir de una manera en que regularmente no lo harían”, dijo Tabbador.

El Colegio de Abogados de los EEUU solicitó el año pasado en carta al Congreso que conceda a los jueces de migración la libertad que necesitan.

La abogada Cargioli explicó que la esperanza es que el programa concluya con una investigación que hace un par de semanas inició el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El comité informó en carta al DHS sobre notables fallas y contradicciones del programa, del que señala que casi desaparece el derecho al asilo.

Entre otros puntos, el comité cuestiona cómo es que se envía a los solicitantes a México -país para el que el Departamento de Estado tiene 31 alertas de viaje-, a cinco de las ciudades que el Gobierno de Estados Unidos considera más peligrosas, como protocolo de “protecciؚón”.

Cargioli dijo que lo mismo se aplica a los abogados, que se ven forzados a ir a esos mismos sitios que el Gobierno considera peligrosos.