Acusan violación a derechos humanos por hacer pruebas de ADN a inmigrantes

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Los representantes demócratas Joaquín Castro, Verónica Escobar y Rashida Tlaib pidieron este martes al Gobierno de Donald Trump que suspenda la recolección de muestras genéticas a los migrantes detenidos en las fronteras.

“Creemos que la recolección forzada de muestras de ADN de familias e individuos detenidos en nuestras fronteras es un serio asunto de derechos humanos”, indicaron los congresistas en una carta dirigida al secretario en funciones de Seguridad Nacional, Chad Wolf.

Castro, Escobar y Tlaib denunciaron que la recolección de muestras de ADN “revela información muy personal” sobre las personas y sus familiares que, según los congresistas, también podría utilizarse para vigilar ciudadanos estadounidenses.

Los congresistas también criticaron que esta política del Gobierno de Trump “criminaliza a las comunidades migrantes” ya que las muestras se almacenarán en una base de datos del FBI a perpetuidad y servirán para investigar crímenes “pasados y futuros”.

“Los individuos pueden ser sometidos a recolección de ADN por el mero hecho de haber ingresado a EEUU sin documentos. Esta norma refuerza el mito xenófobo de que los inmigrantes indocumentados son más propensos a cometer crímenes que los estadounidenses”, apuntaron.

Finalmente, los congresistas también alertaron de que la introducción de las muestras de migrantes en la base de datos del FBI supone una carga para unos laboratorios sobrepasados, lo que podría afectar a las investigaciones contra crímenes sexuales.

Por todo ello, los congresistas solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ponga fin al programa.

El DHS, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), empezó a principios de mes en un sector de Texas fronterizo con México y otro en Michigan limítrofe con Canadá la recolección de muestras de ADN a migrantes.

El objetivo del DHS es expandir este programa piloto a todas las fronteras en un periodo de tres años.

La petición de los representantes se une a una que realizaron un grupo de senadores demócratas antes de que el Gobierno pusiese en marcha el programa considerándolo innecesario, injustificado e invasivo.

Organizaciones como el del Instituto de Política Migratoria (MPI) también han denunciado que el programa “criminaliza el proceso de inmigración”.